En democracia, escuchar y ser escuchado debe ser uno de los principios básicos de todo aquel que interviene en este proceso. En nuestro país, la esencia de esta idea es impulsada a nivel institucional a partir de la figura de Gobierno Abierto que desde 2011 ha sido adoptada en nuestro país, primero siendo parte de los 8 países fundadores de la Alianza para Gobierno Abierto (2011), asumiendo la presidencia de la misma en 2014 y realizando en el país 4 planes de acción, entre muchas otras vertientes, como la es el Parlamento Abierto.
De acuerdo con la Alianza por el Parlamento Abierto, un Parlamento Abierto es «una institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones, que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva y que involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales y, para todo ello, utiliza estratégicamente las tecnologías de la información y la comunicación».
El jueves y viernes de la semana pasada, el INAI convocó a diversas figuras de la academia, las instituciones y a los mismos representantes del poder legislativo para realizar el Seminario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto 2021, convocado por nuestro Instituto y cuyo objetivo es analizar los avances en materia de parlamento abierto y justicia abierta en nuestro país, en especial discutir sobre cómo se relacionan ambas prácticas para fortalecer, de manera recíproca, la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra democracia.
Ahí, tuve el honor de moderar la mesa: “El Parlamento Abierto como nuevo paradigma de la democracia representativa”, donde participaron Juan Carlos Romero Hicks. Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados; Issa Luna Pla. Coordinadora del Área de Derecho de la Información en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Juan S. Ylarri. Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y la Comisionada, y mi colega, Josefina Román Vergara.
Quienes participaron en esta mesa presentaron ideas importantes, pero coincidieron en una: en una democracia representativa, la ciudadanía debe ser el actor principal del parlamento abierto para poder incidir en la toma de decisiones, la integración de políticas públicas y la adopción de mecanismos que beneficien su entorno social e individual.
No debemos olvidar que es en los Congresos, en las legislaturas, donde se dan las luchas, los debates, y es donde se transforma la historia de un país, por eso la importancia de la apertura parlamentaria.
Es fundamental reconocer este derecho que tiene la ciudadanía de participar de manera activa en las deliberaciones de los órganos representativos del gobierno y, de esta forma incidir en las políticas públicas que benefician su entorno social e impactan de manera positiva en sus vidas. Para que ello suceda, requerimos acciones en varias vías:
Quienes se encuentran en el poder legislativo deben aceptar las nuevas dinámicas sociales en las cuales la comunicación horizontal y en dos vías es la base para escuchar ideas. Tener apertura a la crítica constructiva para aprovechar los principios de parlamento abierto en aras de la mejora que se requieren en las leyes y normas del país.
Por su parte, la ciudadanía y la sociedad civil organizada debe tener cada vez mayor y más fácil acceso a estos mecanismos, y ver que sus palabras repercuten realmente en la discusión.
Como se mencionó en el panel, en nuestro país, y a nivel Latinoamérica, aún falta mucho por hacer en este rubro, pero también se han dado pasos hacia su implementación. Asumamos nuestra responsabilidad desde cada esfera e impulsemos la apertura parlamentaria.
@JulietDelrio