Siempre que cierra un año es pertinente hacer un alto y reflexionar antes de continuar. ¿Qué debemos hacer para mejorar y honrar la confianza de la población? Una vía es mejorar en transparencia y apertura gubernamental para acercar la población a los temas que le interesan y afectan, por ejemplo, las contrataciones públicas, necesarias para cumplir con la principal función de todo Estado, es decir, garantizar los derechos de las personas.
Hay varios aspectos para reflexionar respecto a las contrataciones públicas. Es imposible prescindir ellas, así que ante la corrupción que aún permea en el país, se estableció en la ley general de la materia que sean obligaciones de transparencia. Así que cuando la información contratos se publica, debería servir para demostrar que se realizaron conforme al artículo 134 constitucional y las mejores prácticas internacionales: priorizando la calidad al menor precio posible con eficiencia y estrictas normas de conducta e integridad, prevaleciendo el beneficio de la población, el mejor uso de los recursos y la libre competencia.
Las instituciones públicas mexicanas pueden contar con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) para asesorarlos en el cabal cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, cuando les corresponda cargarlas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), así como en la implementación de políticas públicas de transparencia proactiva y apertura gubernamental sobre el tema. Ponemos a su disposición y de cualquier institución pública la herramienta de transparencia proactiva “Contrataciones abiertas”, un software libre y de código abierto que permite publicar la información de todas las etapas de los procesos de contratación siguiendo el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA) en México.
Por ello, es pertinente exponer casos donde la sociedad solicita información y el INAI respalda sus requerimientos al resolver recursos de revisión al respecto. Por ejemplo, en la Sesión de Pleno del miércoles 15 de diciembre, presenté ante mis compañeros Comisionados el recurso (RRA 12792/21) donde se solicitaba a Cámara de Diputados contratos de los distintos grupos parlamentarios con agencias de comunicación. Después de analizar el caso, se instruyó por unanimidad que se modifique la respuesta del sujeto obligado y se realice una nueva búsqueda para entregar la información.
Este caso ejemplifica la importancia para las instituciones que generan mayor desconfianza entre la población como los Congresos (Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, INEGI). Dada la soberanía de poderes, se administran de forma independiente a otros poderes de gobierno, pero esto no los exime de sujetarse a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, por lo que deben cumplir sus obligaciones de transparencia.
Deben redoblarse los esfuerzos en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia si las instituciones públicas, pues gracias a los buscadores de la PNT aumenta la demanda de estos datos. Basta escribir una palabra o frase y se obtendrán registros de una base de datos que contiene más de 5 mil millones de registros de información pública cargada por más de 8 mil instituciones públicas de todo el país, lo cual se traduce en más de 5 millones de solicitudes de información y 276 mil recursos de revisión. Además, existe un buscador temático específico para contratos.
Otro tema pendiente, identificado por el capítulo México de la organización PODER, es la profusión de portales con datos de contrataciones públicas. Tan solo para el nivel federal está Compranet, la PNT, el portal Contrataciones Abiertas, el de Compras del IMSS y algunas dependencias como el INAI o el GACM que publicamos nuestros propios datos de contratación. Varias fuentes con tal heterogeneidad en los formatos y datos reportados echan por tierra la accesibilidad, confiablidad y utilidad de la información.
En 2022, en el INAI trabajaremos estos temas para fortalecer la transparencia de las contrataciones públicas en México.
