En el mundo, toda sociedad organizada tiene un principio irrenunciable: el respeto a la ley. No es un asunto de simpatías, de ideologías, de supuestas superioridades o de mayorías. Es la base sobre la que descansa la convivencia, la justicia y la libertad.
Cumplir con las leyes y las normas es cumplir con México. Es reconocer que nadie puede actuar por encima del marco jurídico y que el poder encuentra su límite en la Constitución.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es un documento simbólico. Es la norma suprema del país. De ella emanan las leyes, los reglamentos, los decretos y todas las disposiciones que regulan la actuación de las autoridades y de los particulares. Ese orden jurídico no es casual; existe para garantizar certeza, igualdad y protección de los derechos de todas las personas.
No se trata de decir “cumplan o no”. La Constitución y las leyes no son opcionales, cumplirlas es un deber. Quienes asumen un cargo público protestan guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Cuando las normas dejan de respetarse, las consecuencias aparecen tarde o temprano con ello surgen problemas, fracasan proyectos y se debilita el desarrollo de un país.
En una democracia, la ley no puede aplicarse solo cuando conviene. Tampoco puede interpretarse según los intereses del momento. Si una norma está vigente, debe cumplirse. Si requiere modificarse porque la realidad ha cambiado, existen procedimientos constitucionales para hacerlo. Esa es la diferencia entre un Estado de derecho y un gobierno de decisiones discrecionales.
Pero hay un principio aún más importante: el primero obligado a respetar la ley es el propio gobierno.
Los servidores públicos no sólo administran recursos o toman decisiones; al asumir el cargo, protestan guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Ese compromiso no es una formalidad protocolaria. Es una obligación jurídica, ética y política.
Cuando la autoridad relativiza el cumplimiento de la ley, busca atajos o pretende justificar excepciones, envía un mensaje muy peligroso: que el Estado de derecho puede ceder ante la conveniencia. Y cuando eso ocurre, las instituciones comienzan a perder credibilidad, la certeza jurídica se debilita y la confianza ciudadana se erosiona.
No puede exigirse a los ciudadanos lo que el gobierno no está dispuesto a cumplir. La legalidad debe comenzar desde el poder, porque la autoridad solo tiene legitimidad cuando actúa dentro de los límites que la Constitución le impone.
La historia demuestra que las naciones más sólidas no son aquellas donde gobiernan las personas más poderosas, sino aquellas donde gobiernan las leyes. Cuando las reglas son claras y se aplican por igual para todos, hay confianza, inversión, desarrollo y paz social. Cuando las leyes se ignoran o se aplican selectivamente, aparece la arbitrariedad.
México necesita instituciones fuertes, no voluntades individuales. Necesita servidores públicos que entiendan que el poder no los coloca por encima de la ley, sino que los obliga a ser los primeros en cumplirla.
La ley puede perfeccionarse. La Constitución puede reformarse. Ese es el dinamismo de una democracia. Pero mientras las normas estén vigentes, deben respetarse por todos, sin excepción.
Porque la fortaleza de un país no se mide por el poder de sus gobernantes, sino por la capacidad de sus instituciones para hacer que la Constitución y la ley prevalezcan sobre cualquier interés particular.
Sin respeto a la Constitución no hay Estado de derecho. Sin Estado de derecho no hay democracia. Y sin democracia, México pierde uno de los pilares fundamentales de su futuro.
Las autoridades deben ser las primeras en respetar la Constitución y la ley. No basta con invocar el Estado de derecho; hay que ejercerlo con el ejemplo. Porque, al final, la ley es la ley.
