El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud. En 2004, catorce años después de que dejara de ser considerada una patología, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 17 de mayo como el día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia, como un reconocimiento a la validez de las distintas variaciones de la expresión de la identidad de género y la orientación sexual.
El reconocimiento se trató de un avance simbólico para poner los derechos de las personas LGBTTTQ+ en el centro de la discusión política, y dio paso a los cambios graduales para su ejercicio pleno. Lamentablemente, no es una conquista realizada. México es el segundo país de América, después de Brasil, que registra el mayor número de crímenes contra las personas trans, cuya esperanza de vida, además, es de solo 35 años.
La ausencia de información oficial relacionada con las agresiones en contra de la población LGBTTTQ+ impide conocer las cifras reales de agresiones, pero las organizaciones civiles han realizado esfuerzos notables para llenar este vacío. De acuerdo con el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT, solo en 2021, México registró 73 asesinatos debido a la identidad de género. En tanto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) registró mil 175 quejas relacionadas con personas de la diversidad sexual y de género entre 2012, a marzo de este año. Del total, de acuerdo con el organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación, 708 corresponden a actos relacionados con homofobia, 240 con lesbofobia, 220 por transfobia, cuatro por intersexfobia, y tres por bifobia.
Desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) estamos comprometidos con acciones para visibilizar el valor de la información pública como requisito indispensable para garantizar el ejercicio de otros derechos, entre ellos a la memoria, a la verdad y a la justicia de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es uno de los criterios que guían nuestro trabajo.
Prueba de ello, es el recurso de revisión RRA 4996/22 vs la CNDH sobre quejas por desaparición y desaparición forzada de personas transgénero, presentado al Pleno bajo la Ponencia a mi cargo, en la que dimos cuenta de que el reconocimiento y la protección de los derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+ es indispensable para la consolidación de una sociedad democrática y plural, en la que prevalezca el respeto por las diferencias como valor para el pleno desarrollo de sus integrantes.
El sujeto obligado al que está dirigida la solicitud arguyó que no contaba con la información que le fue requerida porque proporcionar la información no es requisito para presentar un escrito de queja. Sin embargo, en el análisis concluimos que la CNDH tiene facultades para generar y desagregar la información relacionada con desapariciones forzadas de personas transgénero, con un enfoque diferencial y, por lo tanto, instruimos a realizar una nueva búsqueda, exhaustiva y con criterio amplio, de la información solicitada.
La discriminación no ha sido erradicada, y cada uno de nosotros tenemos la obligación de alzar la voz y visibilizar las agresiones que tengan lugar. No se trata sólo de palabras, sino que estas pueden derivar (y con frecuencia eso ocurre) en crímenes de odio. Desde nuestra esfera de competencia, debemos actuar.
