Las redes sociales cambiaron la manera de compartir la vida. Hoy basta un teléfono celular para publicar el primer día de clases, una fiesta de cumpleaños, un festival escolar o las vacaciones familiares. Lo hacemos por cariño, por orgullo o porque queremos conservar esos recuerdos. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que esa fotografía podría permanecer en internet durante toda la vida.
A esta práctica se le conoce como sharenting: la costumbre de madres, padres o cuidadores de compartir imágenes, videos e información de niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales. Por ello, considero importante promover un uso responsable de los teléfonos celulares y las redes sociales entre niñas y niños; sin embargo, antes debemos concientizar a madres y padres de familia, porque con frecuencia son ellos mismos quienes exponen la privacidad de sus hijos menores de edad.
El problema es que esa decisión la toman los adultos, mientras quienes aparecen en las imágenes aún no tienen edad para decidir sobre su privacidad, su imagen y la identidad digital que los acompañará durante décadas.
La pregunta ya no es si una fotografía recibe muchos “me gusta”. La pregunta verdaderamente importante es: ¿tenemos derecho a construir la huella digital de nuestros hijos antes de que ellos puedan decidir?
En el pasado, el principal riesgo consistía en perder el control de una imagen publicada en internet. Hoy el escenario ha cambiado radicalmente.
La inteligencia artificial ha multiplicado las posibilidades de reutilizar fotografías para entrenar modelos, alimentar sistemas de reconocimiento facial, crear contenidos falsos mediante deepfakes, generar perfiles automatizados o facilitar fraudes y robos de identidad. Una imagen infantil puede terminar en bases de datos desconocidas o ser utilizada con fines completamente distintos de aquellos para los que fue publicada.
La tecnología ha avanzado de manera acelerada, pero también lo han hecho los ciberdelincuentes, que hoy cuentan con herramientas mucho más sofisticadas para aprovechar la información disponible en internet.
A ello se suma otro riesgo silencioso: la sobreexposición.
Muchas publicaciones revelan, sin que sus propios familiares lo adviertan, nombres completos, uniformes escolares, horarios, lugares que frecuentan, actividades extracurriculares, direcciones, datos de geolocalización e incluso información sobre hábitos familiares. Cada publicación aporta una pieza más para construir el perfil digital de un menor.
Diversas investigaciones han advertido que la huella digital de una persona comienza incluso antes de su nacimiento, cuando se comparten imágenes del ultrasonido o anuncios del embarazo. A partir de ese momento, la información crece año tras año hasta formar un expediente digital construido por terceros.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la privacidad, a la protección de sus datos personales y al libre desarrollo de su personalidad. También tienen derecho a construir su identidad digital cuando cuenten con la madurez suficiente para decidir qué quieren compartir y qué desean mantener en el ámbito privado.
La UNESCO y UNICEF han insistido en que la protección de la infancia debe extenderse plenamente al entorno digital. La educación digital ya no puede limitarse a enseñar el uso de dispositivos tecnológicos; debe incluir la comprensión de los riesgos asociados a la inteligencia artificial, los algoritmos, el uso de datos personales y la exposición permanente en internet.
En México contamos con un marco jurídico para proteger los datos personales de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, ninguna legislación sustituye la responsabilidad cotidiana de madres, padres, cuidadores y escuelas.
La primera política pública de protección de datos comienza en casa.
Antes de publicar una fotografía conviene detenerse unos segundos y formular preguntas sencillas: ¿es realmente necesario compartirla?, ¿podría afectar a mi hija o hijo dentro de diez o veinte años?, ¿estoy respetando su derecho a decidir sobre su propia imagen?
No se trata de prohibir las redes sociales ni de generar miedo.
Tampoco de impedir que las familias compartan momentos importantes.
Se trata de actuar con responsabilidad en una época en la que la tecnología avanza mucho más rápido que nuestra capacidad para comprender sus consecuencias. También debemos incorporar a nuestra cultura cívica una formación sólida en ética digital, inteligencia artificial y comprensión de los algoritmos. Esa conversación ya no puede seguir posponiéndose.
La discusión sobre la regulación de las redes sociales suele centrarse en las plataformas. Sin embargo, pocas veces hablamos de nuestra propia responsabilidad como usuarios.
La desaparición del INAI como órgano constitucional autónomo hace aún más relevante fortalecer la cultura de protección de datos personales desde la sociedad. La defensa de la privacidad ya no depende únicamente de las instituciones; también requiere una ciudadanía informada, crítica y consciente de los riesgos que existen en el entorno digital.
En tiempos de inteligencia artificial, proteger a la infancia ya no significa únicamente cuidar su integridad física.
También significa proteger su identidad digital, su privacidad y su derecho a decidir, en el futuro, qué información sobre su vida desean compartir con los demás.
Antes de publicar una imagen de una niña o un niño, hagamos una pausa. Preguntémonos si esa fotografía necesita estar en internet o si basta con conservarla en el lugar donde realmente pertenece: la memoria y el álbum familiar.
La regulación de las redes sociales tiene muchas aristas, pero cuando se trata de niñas y niños el punto de partida debe ser la responsabilidad de los adultos. En el caso de los adolescentes, el debate merece un análisis distinto. Muchos de ellos ya cuentan con mayor capacidad crítica y pueden comprender mejor el funcionamiento de los algoritmos, los riesgos de la inteligencia artificial y el uso responsable de las plataformas digitales. Por eso no comparto que todas las medidas regulatorias deban aplicarse de la misma manera para todas las edades.
El debate nacional no puede reducirse únicamente a la regulación de las plataformas. También debe garantizar que cualquier medida preserve la libertad de expresión y no se convierta en un mecanismo para controlar ideas o limitar el debate público bajo argumentos de protección digital. La educación, la alfabetización digital y la corresponsabilidad de las familias seguirán siendo, a mi juicio, la mejor herramienta para proteger a las nuevas generaciones. Al tiempo.
