- El punto de acuerdo se leyó este 7 de octubre de 2021 y fue aprobado con unanimidad por los diputados de la 64 Legislatura, pues conocen sobre elaumento exponencial de abuso contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como altos índices de violencia interfamiliar y suicidios.
En el 2020 en Zacatecas la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia atendió 520 denuncias por diversos tipos de violencia contra menores de edad, las causantes de las denuncias son violencia intrafamiliar en modalidad de maltrato psicológico y emocional, así como por abuso sexual.
Es por ello que la diputada local Fernanda Miranda Herrera, representante de la bancada del partido Verde Ecologista (PVE) preocupada y ocupada por las alarmantes cifras consideró necesario implementar acciones legislativas, administrativas y presupuestales en las que se involucren todas las instancias.
Así mismo y de ser necesario se replanteen leyes, reformas, reglamentos o disposiciones legales en el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Tenemos que hacer un replanteamiento, un cambio cultural de nuestras formas de vida y convivencia dentro del núcleo familiar, y aquí tenemos que acudir todos: gobierno, escuelas, clubes deportivos, medios de comunicación, iglesia, sociedad civil, porque lamentablemente, como lo hemos visto en los datos presentados hasta ahora, la violencia entró a nuestros hogares y ha hecho presa a los más vulnerables, a nuestros hijos e hijas que sólo sueñan vivir en un mundo feliz, lleno de amor y comprensión”.
En el punto de acuerdo se exhortó al Poder Ejecutivo, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Fiscal General de Justicia, al Procurador de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, a la Presidenta de los Derechos Humanos del Estado, al Sistema Integral de Desarrollo de la Familia , al Secretario de Educación y Cultura y Secretario de Salud, del Estado de Zacatecas para que se instalen mesas de trabajo de carácter técnico especializado conformada por servidores públicos y expertos designados por cada uno de los poderes.
Así mismo que se realicen talleres de prevención de violencia y abuso sexual, para así identificar como es que viven las niñas y niños o bien, lo que ya vivieron.
Lo anterior permitirá que se realice un estudio del marco jurídico vigente, que se elaboren las iniciativas de ley y de decreto pertinentes; que se analicen con toda objetividad las estructuras administrativas y finalmente que se revisen los presupuestos asignados a las dependencias y órganos, con el objeto de buscar soluciones reales.
