En este país, pareciera que a muchos servidores públicos se les olvida leer la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tal vez porque, al asumir una posición, algunos llegan a sentirse intocables. Sí, lo hemos visto una y otra vez en distintos niveles de gobierno.
Desde esa lógica, se normalizan prácticas preocupantes; se niega información que constituye un derecho humano, se vulneran datos personales y se toman decisiones fuera del marco legal sin dimensionar sus consecuencias ni el impacto en la confianza ciudadana.
Pero hay algo aún más grave. Con frecuencia vemos casos (documentados en medios de comunicación) de servidores públicos que, de la noche a la mañana, acumulan contratos millonarios o beneficios inexplicables. Surgen nuevos “empresarios” que, en pocos años, concentran riqueza y poder, en contextos que difícilmente pueden considerarse normales. Estos casos no solo generan sospecha, sino que debilitan la credibilidad de las instituciones y profundizan la percepción de impunidad.
Y todavía hay quienes operan con mayor “habilidad”: aquellos que solo indican, pero no firman, intentando evadir cualquier responsabilidad directa. Sin embargo, ese cálculo ya no es infalible. Las cadenas de mando, los registros administrativos y las investigaciones permiten hoy reconstruir decisiones y fincar responsabilidades más allá de una firma.
Hoy, la denuncia ciudadana y los mecanismos de fiscalización han cambiado. Instituciones como la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de control realizan auditorías que pueden derivar en responsabilidades incluso después de haber dejado el cargo. La tecnología, la trazabilidad de la información y la participación ciudadana han fortalecido estos procesos.
¿Por qué es importante recordarlo? Porque la corrupción, el desvío de recursos, el cohecho, el enriquecimiento ilícito y el nepotismo son faltas graves, mientras que las faltas no graves incluyen casos de negligencia, incumplimiento de funciones, descuidos administrativos y la designación de perfiles no aptos para el puesto, entre otras. Todas ellas, en mayor o menor medida, afectan el funcionamiento del Estado y la calidad de los servicios públicos.
Y algo fundamental: la responsabilidad no termina al salir del cargo. Las faltas graves pueden perseguirse hasta por siete años, lo que implica que las decisiones tomadas hoy pueden tener consecuencias legales en el futuro cercano.
Ante este panorama, resulta urgente algo básico, pero muchas veces ignorado: la capacitación y la sensibilización en todos los niveles del servicio público. Conocer la ley no es opcional, sino una obligación. Aplicarla correctamente es, además, un deber ético.
Los cargos van y vienen. Las personas pasan. Pero las instituciones permanecen. Y quienes ejercen el poder sin valores, con ignorancia o abuso, tarde o temprano enfrentan las consecuencias. La historia reciente del país ofrece múltiples ejemplos de ello.
El servicio público no es un espacio para la improvisación ni para el beneficio personal. Es un compromiso con la ley, con la sociedad y con el futuro. Porque, más allá del puesto, lo que queda es la responsabilidad… y la memoria.
