El acceso a la información es un derecho instrumental, su ejercicio permite a la población ejercer otros, como la salud, la educación, y la justicia, por mencionar algunos. Esta acepción cobra especial relevancia en el caso de los pueblos originarios o comunidades indígenas porque permite reducir las asimetrías estructurales y generar condiciones de igualdad, al tiempo de que hace posible la participación de la ciudadanía en procesos de toma de decisiones.
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna (20 de febrero), que conmemoramos desde 2002 por propuesta de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tuve la oportunidad de moderar el panel “Transparencia y acceso a la Información: retos y oportunidades con los pueblos originarios y afrodescendientes”, en el Foro: Transparencia en el marco Internacional de la Lengua Materna, en el que conversamos con especialistas sobre la importancia de fomentar el diálogo intercultural y las buenas prácticas para la difusión del derecho a saber en comunidades de personas hablantes de lenguas maternas distintas al español. Sin duda, una discusión necesaria y vigente.
Así lo entendemos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y actuamos en consecuencia desde nuestros ámbitos de competencia. Por ejemplo, desde el Programa de Sensibilización de los Derechos (PROSEDE) impulsado desde la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho, que me honro en coordinar, se impulsa y promueve acciones efectivas para el aprovechamiento de la información entre la población indígena.
Vale la pena recordar que, entre los proyectos reconocidos el año pasado, se encuentran las jornadas de sensibilización en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales de los beneficiarios indígenas rarámuri de programas gubernamentales de las Comunidades de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, desarrollado por el Instituto para la Integridad Rarámuri, A.C.
Así como, “Más Vale aquí informó, que aquí enfermó”, un proyecto para potenciar el derecho a la salud en tiempos de Covid19, de las y los jóvenes Indígenas Purépecha de Michoacán, impulsado por Uarhiiti Júskani Jorhengua, A.C.
Ambos ejemplifican propuestas efectivas para avanzar en la socialización de los derechos que tutelamos, en uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo: 68 lenguas madre y más de 300 variantes, de acuerdo con datos del INEGI.
PROSEDE es ya una iniciativa consolidada para garantizar que grupos en situación de vulnerabilidad sean usuarios recurrentes de estos derechos, pero no es el único. En trabajo colaborativo con la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social se han adaptado cápsulas y spots en 26 lenguas indígenas para difundir en radios comunitarias los derechos que se tutelan también en el Sistema Nacional de Transparencia.
Además, el Pleno del INAI ha resuelto diversos recursos de revisión relacionados con la accesibilidad de la información en lenguas indígenas. Respecto al trabajo realizado en la materia bajo la ponencia a mi cargo destaco el RRA14930/20 contra INMUJERES en los que la intervención del órgano garante hizo posible que un particular tuviera acceso a la copia certificada de la Convención Belém do Pará en náhuatl.
Sin duda, el reto de universalizar los derechos que promovemos en un país tan diverso y multicultural como el nuestro es enorme e implica la colaboración estrecha entre quienes somos parte del SNT para el cumplimiento de resoluciones, pero también, y, sobre todo, para difundir el acceso a la información como un mecanismo efectivo para acortar las desigualdades, una condición indispensable si queremos un país más justo. Es por el bien de todas y todos.
