- De la guerra de Calderón y los Abrazos y No Balazos de AMLO han huido 350 mil mexicanos: Miguel Ángel Torres
La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las comisiones estatales de Derechos Humanos y a los gobiernos estatales, a elaborar un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado interno en el país y se desarrolle un plan nacional para frenar este fenómeno que ha causado la violencia que se vive en el país.
El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Torres Rosales, expuso que la violencia extrema que se vive prácticamente en todos los estados del país ha provocado un éxodo de miles de mexicanos que están huyendo de sus comunidades en lo que se conoce como desplazamiento interno, que si bien ha sido reconocido por el Estado, se carece de una radiografía, un diagnóstico real de este problema, ya no un Registro Nacional de desplazados y por ende tampoco de políticas de Estado para frenar este fenómeno y apoyar a este sector de la población.
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) “el desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional.”
En la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se publicó el punto de acuerdo donde se señala que según a los boletines de monitoreo que elabora la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de enero a marzo de 2022 se han tenido 7 desplazamientos forzados en Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y Chiapas.
Tan solo de julio a diciembre de 2021, 19,716 personas fueron desplazadas en esos mismos 6 estados, afectando a 42 municipios, siendo la principal causa el crimen organizado, en 5 de los 6 estados mencionados.
Por su parte, el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el que se incluyó una pregunta sobre el motivo de la migración de las personas que cambiaron de municipio o estado en el país en los últimos cinco años y, el cual registró que 24,175 personas cambiaron de municipio o estado debido a los desastres naturales y 251,513 personas lo hicieron a causa de la “inseguridad delictiva o violencia” fue el motivo de su éxodo a otro estado o municipio del país.
Sin embargo, diversas organizaciones, exponen que la inseguridad y la violencia a raíz de la fallida guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, pero que se ha mantenido con la política bipolar de “abrazos y no balazos” por un lado y la militarización de la Guardia Nacional por el otro, en el sexenio del presidentes Andrés Manuel López Obrador, han provocado un éxodo de casi 350 mil mexicanos obligados al desplazamiento forzado en el país, aseveró el diputado federal por Zacatecas.
La CMDPDH agrega que este desplazamiento forzado a causa de la violencia tiene como focos principales a los estados como Guerrero, Michoacán y Jalisco, entidades donde operan el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Pacífico, y la Familia Michoacana. Sin embargo, otras entidades como Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas , Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Durango y Coahuila, entre otras también son afectadas por este fenómeno de forma importante.
Miguel Ángel Torres, argumentó que lo grave es que instancias como la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) carecen de una radiografía, de un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado interno así como de un plan nacional para atender a estos cientos de miles de mexicanos, que en muchos casos están cruzando la frontera norte para huir de la violencia imparable e impune en el país.
Por otra parte, expuso que la Cámara de Diputados aprobó desde el 10 de abril del 2019 y envío al Senado de la República una reforma al Código Penal Federal para tipificar el desplazamiento interno forzado como delito. Pero dicha minuta se mantiene sin dictaminar y sin aprobar.
Asimismo, el 29 de septiembre del 2020, la Cámara de Diputados también aprobó una reforma con Proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, la cual también se encuentra en espera de dictaminar y aprobar en el Senado de la República.
Ante ello, dijo que a la par de este diagnóstico nacional sobre la situación de los desplazados en el país, así como la elaboración de un plan con presupuestos y programas para atender a los miles que han huido y están huyendo de sus comunidades, es urgente que el Senado apruebe las dos minutas pendientes en este tema para contar con un marco legal adecuado y no dar margen de lagunas para sancionar a los grupos delictivos que están operando y amenazando a las poblaciones para que dejen sus lugares de origen.
“Son dos reformas muy importantes para tipificar y sancionar a los grupos delictivos que violentan las comunidades, que obligan a huir a sus habitantes, así como una ley general para obligar al Estado mexicano atender esta triste e impune realidad”, concluyó.
