Dentro de la historia del derecho a saber en nuestro país, debemos tener en claro que, desde el ámbito local, se han impulsado acciones que han sumado a su consolidación y que han permitido que, a 20 años de las primeras leyes de transparencia, los esfuerzos desde las entidades fortalezcan el derecho de acceso a la información pública y muestren los beneficios de ser parte de un federalismo colaborativo.
Aunque la transparencia y el acceso a la información han estado presentes en la agenda nacional, hace poco más de 20 años, un grupo de académicos y periodistas conglomerados en el llamado Grupo Oaxaca inició con las gestiones para poner el tema en la agenda en su vertiente del derecho de acceso a la información pública; mostrando una enorme capacidad de gestión ante actores clave, al punto de conseguir que se aprobara una propuesta técnica que, luego de convertirse en iniciativa de ley, obtuvo el respaldo necesario para transformarse en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Era 2002 y México contaba, por primera vez, con mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información, reconocido en la Constitución desde 1977.
Sin embargo, los derechos no se garantizan por decreto. Afianzar el ejercicio de las libertades informativas no sólo entre los usuarios, sino entre las autoridades, no ha sido nunca una tarea sencilla, empezando por supuesto, por la aprobación de leyes locales en la materia.
En 2002, Jalisco y Sinaloa fueron las primeras entidades en publicar leyes de transparencia, para que después la federación hiciera lo propio y así desencadenar un boom normativo heterogéneo, donde siguieron Aguascalientes, Michoacán y Querétaro. Al año siguiente, Nuevo León Durango, Colima, San Luis Potosí, el entonces Distrito Federal, Guanajuato, Morelos y Coahuila siguieron la ruta. Para 2004, nueve estados, entre ellos Zacatecas, realizaron sus propias gestiones. Así, hasta que, en 2007 Tabasco, el último estado que faltaba publicó su propia ley.
Para 2007 ya existían leyes locales que garantizaban el ejercicio de acceso a la información en todo el país, pero los criterios y procedimientos variaban de un lugar a otro. Por poner un ejemplo, en Zacatecas, de donde soy originaria y tuve la responsabilidad de involucrarme en los trabajos para impulsar la ley desde el Ejecutivo, como Contralora, los partidos políticos fueron considerados sujetos obligados desde 2004, esto 10 años antes de la reforma constitucional que fortalecería a los órganos garantes con autonomía constitucional, ampliando el catálogo de sujetos obligados para incluir (ahora sí) a partidos políticos, fideicomisos, organismos autónomos y universidades.
Además, tuve el inmenso honor de formar parte del grupo técnico que dio paso a la “Declaración de Guadalajara” de 2007, una iniciativa impulsada por los gobernadores de Zacatecas, Aguascalientes y Chihuahua que buscaron plasmar en nuestra Constitución los preceptos básicos de transparencia encaminados a establecer estándares mínimos de transparencia y acceso a la información en los tres niveles de gobierno. La propuesta, que sería retomada por 26 gobernadores y seis representantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y posteriormente refrendada en Chihuahua el 10 de noviembre de 2006, mencionaba la necesidad de poner la información a disposición de los solicitantes en todas las modalidades para tramitar solicitudes, incluyendo las herramientas electrónicas.
Con esto, quiero dejar en claro que es también desde lo local se ha trabajado con capacidad y compromiso para hacer cada vez más transparente lo público y que la información esté disponible para toda la sociedad. Esto es ejemplo también del espíritu cooperativo del SNT y sus predecesores como la COMAIP.
La cultura de la transparencia se nutre de los esfuerzos y del trabajo colaborativo manifiesto en la operación del Sistema, que se ha convertido en un espacio de trabajo en equipo donde los órganos garantes y las instituciones que lo integran (AGN, ASF e INEGI) realizamos esfuerzos para consolidar una política nacional de transparencia homologada y eficaz que dé piso parejo al ejercicio de las libertades de todas y todos.
