El pasado 6 de diciembre, el medio de comunicación Animal Político[1], en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), publicaron una investigación que analiza y pone en perspectiva la reducción del presupuesto público en la presente administración federal. En ésta se analiza cómo la disminución del gasto corriente de las dependencias públicas puede mermar su funcionamiento, incluso pudiendo dejar inoperante los procesos gubernamentales que requieren de insumos básicos como papelería, computadoras o equipo tecnológico esencial.
Vale la pena resaltar que esta investigación tuvo como base las obligaciones de transparencia y solicitudes de información a diversas dependencias de gobierno, para conocer sus Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como las Cuentas Públicas y del presupuesto asignado y ejercido de las dependencias analizadas (19).
No es un secreto que, previo a la implementación de la austeridad presupuestaria, existían gastos que debían redirigirse para hacer más eficientes los procesos al interior de las propias instituciones, cubriendo necesidades apremiantes, o bien, para atender problemas pendientes en el país.
Coincido en que los gastos deben reducirse, ir a un adelgazamiento de la administración siempre será sano; sin embargo, se debe de hacer un análisis de las áreas que, al contrario, se deben de fortalecer.
Sin embargo, se han implementado recortes generalizados que ponen en riesgo el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, y que repercuten directamente en retrasos, o peor, en el cese de actividades. Esto es por supuesto, una consecuencia directa grave. De acuerdo con la investigación, en algunos casos los recortes han sido de hasta el 90 %.
En 2012, Joseph Stiglitz[2], Premio Nobel de Economía 2001, mencionó que las políticas de austeridad, estrategias para reducir el gasto público, sobre todo aquellas que lo disminuyen de manera drástica, tienen el riesgo de no obtener los resultados esperados al afectar la confianza y el crecimiento generalizado en las economías actuales.
El también copresidente del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social de la OCDE, afirma que una restricción drástica del gasto público puede impactar negativamente en el combate de la desigualdad, pues “una austeridad extrema reduce el potencial de crecimiento”[3].
En el mismo sentido, el Senado de la República publicó un informe del Instituto Belisario Domínguez, en el cual analiza las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, resaltando cómo la austeridad implementada puede significar costos en eficiencia y en eficacia gubernamental, ello si no se implementan de manera adecuada; por ejemplo, con un diagnóstico previo, profundo y específico de cada dependencia, y señala incluso que el combate a la corrupción dependerá de la capacidad que tenga cada institución para mejorar sus procesos[4].
Entonces, ¿hasta qué punto deben reducirse las asignaciones presupuestales? Por supuesto deben de considerarse distintas variables, sin embargo, no se pueden dejar de lado las necesidades operativas básicas de toda dependencia y de un personal calificado para cumplir satisfactoriamente sus funciones. Por supuesto, el gasto se debe dirigir a áreas con pendientes, pero nunca olvidando lo que hace funcionar a las instituciones mexicanas: su personal.
Toda administración pública requiere de los insumos necesarios para realizar plenamente el ejercicio de sus funciones, las cuales deben ser cubiertas a través de material y herramientas que le permitan desarrollar su trabajo. Al no atender estas necesidades tan básicas, podemos dar lugar a espacios que pongan en riesgo no solo sus labores, sino crear huecos que propicien riesgos de seguridad o incluso, corrupción.
He hablado en diferentes espacios sobre la importancia de invertir en materia de ciberseguridad y que no se debe escatimar en asignaciones presupuestales, pues uno de los temas más importantes es mantener la infraestructura tecnológica que alberga Información de la ciudadanía, empresarios o trámites ante la creciente incidencia de ciberataques; como por ejemplo, los ocurridos a la SEDENA o Telecomunicaciones, dependencias que registraron una disminución presupuestal en áreas relacionadas con informática de hasta el 65%[5]. Por ello es que lo digo puntualmente, ante este panorama, en el INAI no escatimamos para mantener y proteger la red perimetral de nuestro Instituto, y por supuesto, de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Apostemos por un gasto público que aporte y no reste en camino de una administración gubernamental eficiente, que abone en la construcción de un México competitivo, justo y con herramientas que atiendan las desigualdades que aún hoy merman el crecimiento de nuestro país.
[1] https://www.animalpolitico.com/2022/12/costosa-austeridad-republicana-recortes-gobierno-servicios/
[2] https://elpais.com/economia/2012/06/20/actualidad/1340219326_933530.html
[3] https://www.elfinanciero.com.mx/wef-cancun/mexico-debe-evitar-la-auste
[4] http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/45794-austeridad-no-debe-afectar-el-funcionamiento-del-gobierno-senala-investigacion-del-ibd.html
[5] https://www.animalpolitico.com/2022/12/gobierno-recorta-informatica-ciberseguridad/
