En un reciente reportaje sobre la situación de los docentes en las universidades públicas de México, más del 70% del profesorado en educación superior trabaja por asignatura; en el sector público, esta condición alcanza al 59%, de acuerdo con lo que reconoce la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) en el diagnóstico del Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030.
Aunado a esto, de acuerdo con el informe Education at a Glance 2025, nuestro país se ubicó en el último lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en titulación universitaria.
Esto es evidencia de un modelo que ha desplazado la estabilidad académica hacia los márgenes, precisamente en uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo del país. Los docentes universitarios no sólo imparten clases: forman generaciones, producen conocimiento, sostienen el pensamiento crítico y, en muchos casos, son el vínculo entre la universidad y la realidad social.
Sin embargo, la estructura que los sostiene es profundamente desigual. Mientras otros funcionarios públicos de los tres poderes cuentan con esquemas claros de remuneración, estabilidad y reconocimiento institucional, una parte significativa del magisterio universitario vive en la incertidumbre laboral, con contratos fragmentados y limitadas posibilidades de desarrollo. La comparación no busca confrontar, sino evidenciar una desproporción difícil de justificar.
Resulta paradójico que quienes tienen en sus manos la formación de profesionistas, científicos y tomadores de decisiones lo hagan desde condiciones que muchas veces impiden su propia consolidación académica. La SEP misma reconoce que este modelo debilita no sólo al docente, sino al sistema en su conjunto.
De acuerdo con la información oficial, “son 87 mil 919 maestros de tiempo completo y 147 mil 881 trabajan por horas o asignatura; lo anterior, pese a que el número de alumnos atendidos es mayor en universidades públicas que privadas, donde acuden poco más de 2.1 millones”.
En el fondo, la discusión no es únicamente laboral. Es una pregunta sobre el valor que, como sociedad, se le asigna al conocimiento, a la educación pública y a quienes la hacen posible. Si la estabilidad, el reconocimiento y las condiciones dignas se reservan para ciertos espacios del poder, mientras se minimiza a quienes forman ese mismo poder, la contradicción es inevitable.
Es en las universidades donde se construyen capacidades científicas, técnicas y humanísticas; donde se forman ciudadanos críticos; donde se generan soluciones a los problemas más complejos del país. Debilitar las condiciones de quienes sostienen este nivel educativo es, en los hechos, debilitar el futuro colectivo.
Revisar esta realidad no es un gesto simbólico, sino una necesidad estructural. Fortalecer a los maestros universitarios implica fortalecer la calidad educativa, la investigación y la posibilidad misma de desarrollo nacional.
Por último, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en un análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, se encontró un contraste: “el dinero para la educación básica sube 6.1%, pero el gasto por estudiante en educación superior caerá 3.4% real”.
Ninguna sociedad puede aspirar a crecer con solidez si mantiene en la incertidumbre a quienes la piensan, la enseñan y la construyen todos los días.
