Los acuerdos migratorios que desarrollan las autoridades requieren no solo transparentarse, sino que deben exponerse ante la sociedad para evaluar su utilidad y beneficios para la nación, sobre todo tratándose de un tema sensible como lo es la crisis migratoria que vive la región a la que pertenecemos, anteponiendo siempre los derechos humanos de quienes, por distintas circunstancias, se ven obligados a dejar su lugar de origen buscando mejores oportunidades.
Por ello, el pasado 15 de febrero, en sesión de Pleno del INAI expuse un recurso contra el Instituto Nacional de Migración, en el cual instruimos por unanimidad a entregar información relacionada con la aplicación del Memorándum de Entendimiento firmado entre el INM y su homólogo guatemalteco en agosto de 2022. Con este documento, representantes de los gobiernos de México y Guatemala buscaron fortalecer el intercambio de información entre países y promover una migración segura y ordenada.
Una persona, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), buscó conocer cómo la principal autoridad migratoria del país trata los datos personales de las y los migrantes, lo que nos permite resaltar la importancia de la correcta protección de los datos personales de un grupo en situación de vulnerabilidad: la población migrante, y la relevancia de que puedan acceder a un adecuado resguardo de su información privada, a fin de que sus derechos humanos no sean vulnerados.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, en 2022, 106 mil 008 migrantes extranjeros fueron devueltos por autoridades mexicanas a sus naciones de origen; de este total, 44 mil 559 eran personas originarias de Guatemala, mientras que 40 mil 700 eran de origen hondureño. Por si fuera poco, la situación de movilidad en el norte del país no es mejor: los albergues y refugios en las ciudades fronterizas están colapsados porque el gobierno de Estados Unidos continúa deportando migrantes bajo el Título 42, una medida impulsada bajo la administración de Donald Trump para supuestamente contener los flujos migratorios durante la pandemia[1].
Las y los migrantes se ven obligados a abandonar sus lugares de origen por la falta de oportunidades de desarrollo, por la violencia que viven en sus comunidades y también orillados por desastres naturales. Las condiciones en las que deben desplazarse son precarias y, con frecuencia, se enfrentan a asaltos, violencias, explotación, abuso sexual y a ataques xenófobos de las poblaciones a las que llegan; por ello, contar con medidas de protección es un tema prioritario.
En casos como este, la protección de los datos personales adquiere una dimensión instrumental, en el sentido de que hace posible otros derechos, el respeto a su dignidad y su integridad son algunos de ellos. Como bien ha destacado la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), los datos personales de las personas migrantes son particularmente sensibles en situaciones problemáticas como la migración de menores o la trata de personas, entre otras. Por ello resulta fundamental que las instituciones encargadas de su atención, en este caso el INM –pero también los albergues y refugios–, adopten políticas y programas de protección de datos que preserven el derecho a la privacidad[2].
En este sentido, en el INAI impulsamos desde 2015 el Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE), con el cual hemos implementado 114 proyectos en beneficio de poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellos, migrantes. También quiero destacar el convenio de colaboración que tenemos con Amigos de Conexión Migrante AC., con quienes socializamos y difundimos los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Las y los Comisionados estamos profundamente convencidos de que debemos proteger los derechos de las y los migrantes, y seguiremos trabajando para ello.
