El INAI se rige bajo el principio de máxima publicidad, que respalda el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica como pilares para que los derechos que tutelamos sean una realidad para la población. Por ello, el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas (que se conmemora el 24 de marzo) nos permite recordar la importante relación entre la transparencia y el acceso real a la justicia histórica.
En el caso de violaciones graves a los derechos humanos, la garantía del derecho a la verdad descansa en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), cuyo artículo 5 prevé que no podrá clasificarse como reservada la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
El Pleno del INAI tiene la atribución de determinar, para efectos de acceso a la información, que la documentación relacionada con ciertos acontecimientos podría estar relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y ordenar su apertura. Por ello, a lo largo de su historia ha emitido resoluciones dirigidas a la entrega de información sobre violaciones graves: es el caso de los asesinatos de migrantes en San Fernando, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, el Movimiento Estudiantil del 68 y la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Este último fue un caso paradigmático puesto que, por primera ocasión, el INAI ejerció su facultad para determinar el interés público de la información cuando existen violaciones graves a derechos humanos y logró, a pesar de la reticencia de la Oficina de la Presidencia y de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR), abrir la versión pública de las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
De entonces hasta ahora, la narrativa de lo que ocurrió es poco clara, pero las investigaciones a partir de la publicidad de la información ordenada por el INAI lograron desmontar la llamada “verdad histórica” y eso es un logro importante no solo para las víctimas y sus deudos, sino para la sociedad que tiene derecho a saber qué ocurrió.
Este es solo un ejemplo de la profunda relación entre el derecho a la información y el derecho a la verdad. Su ejercicio pleno permite dar pasos firmes hacia la justicia y –confío también que– a la no repetición. Por ello es importante visibilizar y denunciar públicamente cuando ocurren, y utilizar todas las herramientas legales para develarlo.
Esta fecha, nos recuerda que, como autoridades, estamos obligados a impulsar el derecho a saber en este tipo de tragedias y otras más de las que poco sabemos, no vuelvan a ocurrir. Parte de nuestro trabajo es que no se olvide.
La información de los archivos y pruebas documentales de la actividad del Estado es el motor del derecho de acceso a la información que otorga memoria para no olvidar el pasado y evitar que las nuevas generaciones repitan los mismos errores.
