El desvío de recursos públicos a través de programas de ciencia y tecnología se ha convertido en una práctica cada vez más común.
En los últimos años, ha surgido una preocupante tendencia: el uso indebido de programas de ciencia y tecnología como vía para el desvío de fondos. Lo que debería ser un motor de innovación, desarrollo y beneficio colectivo, se ha transformado, en algunos casos, en un mecanismo sofisticado para justificar gastos inflados, proyectos fantasma o asignaciones sin supervisión adecuada.
Lo que alguna vez fue un gran impulsor del talento mexicano hoy parece utilizado como botín político. Bajo el discurso de apoyar la investigación, se esconden intereses ajenos a la ciencia. Fondos que deberían destinarse al avance del conocimiento, al desarrollo de tecnología nacional y a la formación de profesionales, terminan desviados hacia fines opacos, dejando de lado a quienes realmente se han preparado y han dedicado su vida al estudio.
México cuenta con mentes brillantes, hombres y mujeres que han puesto en alto el nombre del país en laboratorios, universidades y centros de investigación en todo el mundo. Ellos son motivo de orgullo nacional.
Pero ante la falta de apoyo real, las condiciones precarias y la politización del sector, muchos se ven obligados a buscar oportunidades fuera del país. Así se explica, en parte, la dolorosa y constante fuga de cerebros.
Hace algunos días, en medios públicos se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades ocurridas en 2021, por parte de la entonces titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Como Comisionada del extinto INAI, justo en ese mismo año, me correspondió resolver diversos recursos interpuestos por estudiantes y profesores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quienes denunciaron irregularidades en la conducción de su institución. Una de las más graves fue la imposición de un director por parte del Conacyt, una decisión ajena a los intereses de la comunidad académica que puso en riesgo la autonomía institucional y la libertad en la generación y transmisión del conocimiento.
Me tocó, en ese contexto, resolver recursos presentados directamente contra el Conacyt, luego de que éste negara sistemáticamente el acceso a información relacionada con la modificación del Estatuto General del CIDE y otros cambios estructurales al interior del centro. A pesar de los esfuerzos de la sociedad y de los propios integrantes del CIDE por conocer el trasfondo de estas decisiones, el Consejo se aferró al argumento de que se trataba de información reservada o inexistente. Sin embargo, sostuve y resolví que toda información relacionada con la recomposición institucional y los cambios en los órganos de gobierno de los centros públicos de investigación debía ser pública. Ya desde entonces era evidente lo que hoy denuncia la ASF.
No se puede hablar de ciencia y tecnología al servicio de la sociedad si los procesos que las rigen permanecen en la opacidad. La transparencia no es un obstáculo: es una condición esencial para el ejercicio democrático del conocimiento.
La ciencia no puede ser rehén de intereses personales o de proyectos de poder. Y no solo a nivel nacional también es una práctica de los titulares de estas dependencias dedicadas a la ciencia en lo estatal.
La autonomía académica, el acceso a la información y la rendición de cuentas son pilares indispensables para que nuestros centros de investigación sean verdaderos motores de desarrollo y no simples engranajes de control político. Solo así evitaremos que el conocimiento se desvirtúe y que nuestras y nuestros jóvenes sigan buscando, fuera del país, el reconocimiento y las oportunidades que aquí se les niegan.
Las y los titulares de organismos dedicados a la ciencia deben privilegiar el fortalecimiento del trabajo académico y de investigación. Si existen intereses personales o políticos que interfieran en esa misión, lo ético es dar un paso al costado: usar el cargo para beneficio propio es, sin duda, una forma de corrupción.
