No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y hoy La Auditoría Superior de la Federación presentará ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la tercera y última entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2024, junto con el Informe General Ejecutivo. Se cumplen los plazos legales. Ahora toca saber si también se cumplirá con la rendición de cuentas.
Los datos preliminares obligan a una reflexión seria. En junio, el primer paquete de auditorías detectó irregularidades por 770 millones de pesos; se recuperaron 107.9 millones y quedaron pendientes 662.2. Para octubre, la cifra acumulada observada ascendió a 6 mil 969 millones de pesos; se recuperaron mil 145 millones, pero siguen sin aclararse 5 mil 823 millones.
El sector salud concentra el 35% de las observaciones. El resto corresponde a obras en zonas de alta marginación y al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El Gobierno Federal no logró aclarar 550 millones de pesos, mientras que el Poder Judicial concentra el 49% de lo observado. Las cifras no son menores; detrás de cada monto hay servicios que pudieron brindarse, infraestructura que debió concluirse, derechos que tendrían que haberse garantizado.
Las entidades fiscalizadas tuvieron oportunidad de solventar. Este tercer informe mostrará quién presentó pruebas sólidas y quién no; quién cumplió con la normatividad y quién intentó simular. La fiscalización no es un acto político, es un ejercicio técnico que debe traducirse en claridad y consecuencias.
Después vendrán las promociones de responsabilidad administrativa, los pliegos de observaciones y, en su caso, las denuncias correspondientes. Sin embargo, hay un punto crítico que no podemos ignorar: entre la detección de irregularidades y la presentación de denuncias pueden transcurrir hasta siete años. Ese lapso incrementa el riesgo de prescripción. Y cuando prescribe, simplemente ya no hay castigo.
De poco sirve conocer cifras millonarias si no existen sanciones. Sin consecuencias, la fiscalización corre el riesgo de convertirse en un trámite más y la impunidad (el verdadero cáncer de la corrupción) continúa debilitando la confianza pública. La rendición de cuentas no se agota en informar; exige responsabilidades claras.
También es importante precisar que la fiscalización no se limita a identificar posibles desvíos. Existen auditorías de cumplimiento y auditorías de desempeño, igualmente relevantes; unas revisan la correcta aplicación de los recursos conforme a la ley mientras que otras evalúan si el gasto público realmente generó resultados y beneficios para la población. No basta con gastar conforme a la norma, hay que gastar bien.
Además, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior, que establece qué tipo de revisiones se practicarán al ejercicio 2025. Entre ellas destacan las auditorías forenses. De acuerdo con la propia ASF, la auditoría forense es una revisión que aplica técnicas especializadas para prevenir e identificar actos irregulares de fraude, responsabilidades graves de servidores públicos y actos de corrupción en general. Son instrumentos clave cuando existen indicios de conductas particularmente graves.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha propuesto ampliar el tamaño de la muestra auditada, perfeccionar los criterios de selección hacia proyectos y áreas con mayor riesgo, y fortalecer el seguimiento de las observaciones. Es una ruta pertinente. Pero también debemos reconocer que existen entes públicos disciplinados que no presentan observaciones; la cultura de la legalidad también merece visibilizarse.
Hoy estaremos atentos a los resultados. Porque la rendición de cuentas no puede quedarse en el discurso. Debe reflejarse en hechos verificables, en responsabilidades fincadas y en recursos públicos que verdaderamente regresen a la ciudadanía en forma de servicios, infraestructura y bienestar. Solo así la fiscalización dejará de ser una estadística anual y se convertirá en una auténtica herramienta de justicia y confianza pública.
