Ayer se conmemoró un aniversario más de una fecha trascendental para la democracia mexicana. El 6 de julio de 1958 quedó inscrito en la historia como el día en que, por primera vez, las mujeres mexicanas pudieron ejercer plenamente su derecho al voto en la elección de la persona titular de la Presidencia de la República. Han transcurrido apenas 68 años desde ese momento, un periodo sorprendentemente breve si se considera la larga historia democrática del país.
Con frecuencia se confunde esa jornada con la primera elección federal en la que participaron las mujeres. Sin embargo, apenas han transcurrido 68 años desde que pudieron votar en igualdad de condiciones con los hombres para elegir el cargo de mayor responsabilidad política del país.
Ese derecho no surgió por voluntad del poder. Fue el resultado de décadas de organización, perseverancia y lucha de miles de mujeres que cuestionaron un sistema político que las excluía de la toma de decisiones y les negaba el reconocimiento pleno de su ciudadanía.
Antes del sufragio universal hubo avances graduales. En 1947 se reformó el artículo 115 de la Constitución para reconocer a las mujeres el derecho a votar y ser votadas en las elecciones municipales. Fue un paso trascendental, aunque insuficiente, porque la participación política seguía limitada al ámbito local.
La conquista definitiva llegó el 17 de octubre de 1953, cuando se reformaron los artículos 34 y 115 de la Constitución para reconocer plenamente los derechos político-electorales de las mujeres. Cinco años después, ese reconocimiento se materializó por primera vez en una elección presidencial.
Detrás de ese logro hay una historia de maestras, periodistas, escritoras, activistas y miles de mujeres que, desde distintos espacios, impulsaron reformas, organizaron movimientos y enfrentaron resistencias para demostrar que la ciudadanía no podía depender del género.
Mirar hacia atrás permite dimensionar lo reciente de esta conquista democrática. Han pasado menos de siete décadas desde que las mujeres pudieron participar plenamente en la elección presidencial. En términos históricos, es un periodo breve, y ello ayuda a explicar por qué la construcción de la igualdad sustantiva sigue siendo un desafío en numerosos ámbitos de la vida pública y privada.
Es cierto que el país ha registrado avances importantes. Hoy las mujeres encabezan gubernaturas, presidencias municipales, congresos, espacios en el Poder Judicial y, por primera vez, la Presidencia de la República. La paridad dejó de ser una aspiración para convertirse en un principio constitucional que orienta la integración de las instituciones públicas.
Sin embargo, el derecho al voto fue apenas el punto de partida. El verdadero desafío consiste en garantizar que la igualdad se refleje en las oportunidades, en el acceso a la justicia, en la participación en la toma de decisiones, en la seguridad y en una vida libre de violencia y discriminación.
Recordar el 6 de julio de 1958 no es un ejercicio de nostalgia. Es reconocer que los derechos nunca son concesiones permanentes del poder, sino conquistas ciudadanas que deben protegerse, fortalecerse y ejercerse todos los días.
Porque un derecho que hoy parece natural fue, en realidad, una conquista reciente en la historia democrática de México. Recordarlo también implica asumir la responsabilidad de preservar los avances alcanzados y seguir construyendo una sociedad donde la igualdad deje de ser una aspiración para convertirse en una realidad cotidiana.
Si de verdad es tiempo de mujeres, ese tiempo se ha esperado durante décadas. Se han logrado avances importantes, pero aún queda mucho por hacer. Las mujeres que hoy ocupan espacios de decisión tienen la responsabilidad de mirar por todas, sin selectividad, sin distingos y sin rencores; y mucho menos envidias, reconocer el talento de otras y reconocer los méritos y abrir oportunidades con igualdad. Solo así ese “tiempo de mujeres” dejará de ser un discurso para convertirse en una realidad compartida por todas.
