Aproximadamente un año antes de concluir una administración, en cualquier nivel de gobierno, debería comenzar una revisión integral y preventiva del estado que guardan las dependencias, organismos públicos descentralizados y Órganos Internos de Control, así como de los procedimientos de fiscalización y responsabilidades administrativas que se encuentren en trámite.
Una entrega-recepción no comienza el último día de gobierno. Por el contrario, requiere planeación, orden, revisión documental y, sobre todo, tiempo suficiente para identificar pendientes, corregir deficiencias y dejar constancia del estado real en el que se entrega la administración.
La rendición de cuentas es una obligación del servicio público. En este contexto, el acceso a la información relacionada con los procesos de entrega-recepción constituye un elemento fundamental para garantizar la transparencia, prevenir posibles actos de corrupción y fortalecer la confianza ciudadana.
A lo largo de los años hemos visto que, cuando llegan estos procesos, se argumenta que determinadas observaciones o irregularidades no pueden darse a conocer porque existen expedientes en integración, procedimientos en curso o documentos que contienen datos personales. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias puede convertirse automáticamente en una justificación para ocultar información que, por su naturaleza, es de interés público.
Las leyes en materia de transparencia contemplan mecanismos para proteger aquella información que legítimamente tenga el carácter de confidencial o reservado. Cuando un documento contiene datos personales, por ejemplo, debe elaborarse la correspondiente versión pública. Lo que no puede hacerse es utilizar la existencia de esos datos como argumento para negar por completo el acceso al documento.
El derecho a saber también es el derecho de la sociedad a vigilar el ejercicio del poder.
Por ello, el proceso de entrega-recepción, como parte del cierre y arranque de un ciclo gubernamental, debe estar sujeto al escrutinio público. Es precisamente en esta etapa donde se conocen los avances y logros de una administración, pero también pueden identificarse omisiones, deficiencias, pendientes o posibles irregularidades administrativas. Su finalidad no solamente es entregar documentos y oficinas, sino asegurar la continuidad institucional y, cuando corresponda, iniciar los procedimientos de responsabilidad respectivos.
Aquí existe otro elemento fundamental: el tiempo.
Una auditoría, una investigación y un procedimiento de responsabilidades administrativas tienen naturaleza, etapas y plazos distintos. No pueden tratarse como si fueran un solo trámite ni cerrarse apresuradamente porque una administración está por concluir. De ahí la importancia de anticiparse.
Si existen observaciones, deben atenderse dentro de los tiempos establecidos; si hay procedimientos pendientes, debe dejarse perfectamente documentado su estado procesal; y si los plazos legales para realizar determinadas observaciones o notificaciones ya concluyeron, también debe informarse con claridad. Una transición gubernamental no puede convertirse en pretexto para mantener indefinidamente asuntos en la incertidumbre.
Lo digo también desde la experiencia. Durante el sexenio 2004-2010 en Zacatecas, comenzamos a preparar la entrega-recepción aproximadamente 15 meses antes de concluir la administración. Se elaboraron también libros blancos para dejar constancia de obras emblemáticas y proyectos relevantes, particularmente aquellos que podían generar mayor interés o inquietud entre la ciudadanía.
Esa anticipación permitió documentar decisiones, ordenar expedientes, identificar pendientes y dejar condiciones para que la siguiente administración pudiera dar continuidad a los asuntos públicos.
Porque una buena entrega-recepción no consiste solamente en entregar cajas, archivos, inventarios o escritorios. Significa dejar instituciones ordenadas, procedimientos documentados y cuentas claras.
Quien concluye una responsabilidad pública debe hacerlo con la tranquilidad de haber cumplido, dejando abierta la información, pero cerradas correctamente las responsabilidades que correspondan.
La transparencia no comienza cuando llega el nuevo gobierno. Debe comenzar mucho antes de que se vaya el anterior.
