Hoy, los discursos y los informes de la clase política en este país son cada vez más difíciles de evaluar sin contrastarlos con otras fuentes. En los tres niveles de gobierno se presentan cifras, anuncios y promesas que buscan proyectar una imagen favorable. Pero una cosa es comunicar resultados y otra muy distinta es construir una percepción que no necesariamente corresponde con la realidad.
La desinformación no siempre consiste en decir una mentira de manera directa. También se produce cuando se omiten datos, se presentan cifras fuera de contexto o se atribuyen logros sin explicar qué ocurrió, cómo se midió y quiénes se beneficiaron.
El problema es suponer que basta con repetir una afirmación para convertirla en verdad. Hoy, sin embargo, la ciudadanía tiene herramientas para contrastar lo que se dice con lo que realmente sucede.
Una publicación, un mensaje, una estadística, un documento o una investigación periodística pueden poner en duda aquello que una autoridad presenta como un logro. También existen audios y grabaciones que, una vez verificados en cuanto a su autenticidad y contexto, pueden aportar elementos para esclarecer hechos que de otra manera permanecerían ocultos.
Las redes sociales y las plataformas digitales han cambiado la manera en que circula la información. No todo lo que aparece en ellas es cierto; precisamente por eso, necesitamos contrastar fuentes, revisar documentos y acudir a datos verificables. La ciudadanía no necesita nuevas versiones oficiales ni rumores: necesita información que pueda comprobar.
Pensemos en tres temas que afectan directamente la vida de millones de personas: salud, educación y programas sociales.
Cuando se afirma que el sistema de salud está mejor que antes, hay que preguntar con qué indicadores se sostiene esa afirmación. ¿Hay suficientes medicamentos? ¿Las personas consiguen citas y reciben atención oportuna? ¿Ha mejorado el acceso efectivo a los servicios?
Los datos del INEGI ofrecen una referencia importante. En 2024, 44.5 millones de personas presentaban carencia por acceso a los servicios de salud, equivalente al 34.2 % de la población. Este indicador disminuyó respecto de 2022, cuando se ubicaba en 39.1 %. Sin embargo, el rezago seguía siendo de enormes dimensiones.
El dato debe leerse completo: el indicador mejoró, pero millones de personas continuaban enfrentando dificultades para acceder a los servicios de salud. Ni negar los avances ni ocultar la magnitud del problema contribuye a informar con honestidad.
En educación ocurre algo similar. Los anuncios de inversión, becas o cambios en los programas no sustituyen la evaluación de los aprendizajes, la permanencia escolar, la infraestructura y las condiciones en que estudian niñas, niños y jóvenes. Para afirmar que la educación mejoró, hay que mostrar en qué aspectos, para quiénes y con qué resultados. Las evaluaciones internacionales, como PISA, y los indicadores educativos permiten contrastar los discursos oficiales con los resultados y dimensionar los desafíos pendientes.
En cuanto a los programas sociales, tampoco podemos permitir que se presenten como dádivas personales de quienes gobiernan. Atribuirse esos apoyos como favores políticos desvirtúa su naturaleza y puede convertir las necesidades de la población en instrumentos de propaganda.Son políticas públicas financiadas con recursos públicos, por lo que su diseño, sus reglas de operación y sus resultados deben ser transparentes. Los apoyos sociales no pertenecen a quienes gobiernan ni convierten a sus beneficiarios en deudores políticos; son derechos respaldados por la Constitución y las leyes, conforme a las condiciones que estas establecen.
Hay otra contradicción que merece atención: mientras se pronuncian discursos de honestidad, austeridad y rechazo a la corrupción, la sociedad tiene derecho a exigir que esos principios se reflejen en las decisiones públicas. Cuando existen cuestionamientos sobre contratos, ejercicio presupuestal o conducta de los servidores públicos, las autoridades deben ofrecer explicaciones y demostrar que sus acciones son congruentes con lo que predican.
La transparencia no consiste en publicar grandes cantidades de información sin contexto, sino en permitir que las personas comprendan qué se hizo con los recursos públicos, quién tomó las decisiones y cuáles fueron sus consecuencias.
La rendición de cuentas tampoco puede reducirse a presentar un informe y dar por concluida la discusión. Implica responder preguntas, reconocer errores, explicar resultados y asumir responsabilidades cuando corresponda.
También debemos reconocer el esfuerzo de las personas que trabajan, emprenden y construyen un patrimonio a lo largo de los años. El progreso de una sociedad no puede atribuirse exclusivamente a quienes gobiernan. Detrás de cada comunidad que avanza hay trabajadores, familias, empresarios y ciudadanos que contribuyen todos los días.
Por eso, cuando existen señalamientos documentados sobre privilegios, enriquecimiento injustificado o posibles actos de corrupción, deben investigarse con seriedad. No se trata de condenar sin pruebas, sino de impedir que el poder sustituya las explicaciones por propaganda y las respuestas por descalificaciones.
No se necesita contender por una candidatura ni ocupar un cargo público para hablar con la gente, cuestionar un discurso o combatir la desinformación. **La crítica y la participación ciudadana no dependen de una aspiración política, sino del derecho de las personas a conocer, cuestionar y evaluar el ejercicio del poder.**
La participación ciudadana no comienza en una campaña ni termina después de una elección. Se ejerce cuando preguntamos, investigamos, contrastamos información y exigimos que las autoridades expliquen sus decisiones.
Desde mi experiencia en el servicio público y en la defensa de la transparencia, sé que el derecho a saber no pertenece a una institución ni depende de la voluntad de un gobierno. Es un derecho de las personas y una herramienta para vigilar el ejercicio del poder.
Por eso considero indispensable seguir señalando contradicciones, revisar las cifras que se presentan como logros y exigir que cada afirmación relevante pueda sostenerse con evidencia.
Seguiré haciéndolo. No por una candidatura ni por la necesidad de ocupar un cargo, sino porque creo que una sociedad informada tiene más herramientas para defender sus derechos y exigir cuentas.
El poder puede construir discursos, seleccionar cifras y repetir promesas. Lo que no debería poder hacer es exigir que la sociedad confunda una versión con la verdad.
