El Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) es el instrumento rector para definir la política pública en transparencia y acceso a la información. Su principal objetivo es fortalecer el cumplimiento normativo, la difusión, la capacitación, la profesionalización y los procedimientos institucionales de la garantía progresiva del derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, al dar trascendencia nacional de los mismos a través del trabajo organizado entre los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.
La transparencia y el acceso a la información permiten a la sociedad el ejercicio de otros derechos y su participación en la toma de decisiones, en la esfera pública y en la privada, por ello el diseño de políticas públicas que prioricen su socialización son un tema prioritario para el Sistema Nacional de Transparencia, en donde reconocemos el enorme potencial que tienen para reducir brechas y abonar en la construcción de una sociedad más justa.
Por ello, la inclusión de una perspectiva de Derechos Humanos, género e inclusión social constituye un pilar fundamental que impacta en todos los aspectos de la implementación de los Programas Nacionales de Transparencia y Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.
Desde la implementación del PROTAI (2017-2021), estos principios transversales han sido fundamentales, primero, para identificar el contexto en el que se encuentran los sectores sociales que padecen problemas graves de desigualdad estructural, exclusión e inequidad, y posteriormente para dar seguimiento, y verificar la efectividad de las políticas públicas que buscan garantizar el acceso a los derechos sociales.
También sirven como indicadores para identificar situaciones de inequidad y de exclusión, lo cual resulta de crucial utilidad en el diseño e implementación de políticas públicas en general y, en particular, para la atención a la deficiencia de acciones relacionadas al derecho de acceso a la información entre la población en situación de vulnerabilidad y con enfoque de género.
A lo largo de la implementación del PROTAI vigente hoy, los integrantes del SNT han comprometido un total 3 mil 836 actividades. De las cuales sólo 238 actividades (el 6.20%) atendieron al Eje Transversal sobre Derechos Humanos, Perspectiva de Género e Inclusión Social.
Sin embargo, un diagnóstico elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM observó que la mayoría de ellas se relacionaban con el derecho de acceso a la información en general y carecían de una perspectiva de género o de inclusión social, lo que implica que se dejaron de lado las necesidades específicas de los grupos sociales con mayores obstáculos para el ejercicio de sus derechos y, a su vez, una atención deficiente en la problemática señalada desde el Programa.
A principios de octubre, el IIJ entregó al SNT la primera versión del PROTAI y del PRONADATOS (del que tendremos oportunidad de hablar posteriormente) a la Secretaría Ejecutiva del SNT para que se turnara a las distintas comisiones con el fin de enriquecerlas en distintos foros, como el que celebramos el 5 de noviembre en Chetumal para establecer las acciones concretas que construirán la hoja de ruta en el marco del programa que entrará en vigor el próximo año.
Ahora, a punto de concluir la vigencia del PROTAI, quienes conformamos el SNT acordamos nuevas líneas de acción orientadas a atender las necesidades específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad mediante la generación de alianzas con las organizaciones de la sociedad civil.
Confío en que podremos, además, concitar la participación de expertos para incorporar nuevas ideas que nos permitan enfrentar los desafíos que continúan pendientes en el desarrollo e implementación de este instrumento de política pública en el marco de los Derechos Humanos y la Inclusión Social.
