El próximo 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer conciencia sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, mujeres, niñas y niños principalmente, pero también de las acciones de los Estados miembro para combatir este ilícito que, se calcula, genera ganancias anuales de 2 billones de dólares aproximadamente.
Se estima que, en la actualidad, 27.6 millones de personas son víctimas de este delito, principalmente con fines de explotación sexual y laboral. Ponerle fin a este crimen que atenta contra la dignidad de las personas es tarea de todos los gobiernos y plantea la necesidad de que trabajen de manera conjunta.
En diciembre de 2003, México ratificó el acuerdo de Palermo, que lo obliga a impulsar acciones concretas para combatir la trata de personas. En consecuencia, se impulsó la aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que se aprobó en noviembre de 2007 y que define a la trata como el abuso de poder utilizado para explotar a otra persona por medio de la violencia física o del engaño con distintas finalidades: sexual, laboral, esclavitud, servidumbre e incluso para disponer de sus órganos. También, la normatividad contempla sanciones que van de 6 a 12 años de prisión, y de 9 a 18, si el delito se comete contra una persona menor de edad.
Aunque el contexto que favorece a la proliferación de este delito es sumamente amplio, hay algunos factores que debemos destacar, entre ellos la insuficiencia de los marcos jurídicos para garantizar protección a los grupos considerados de alta vulnerabilidad, entre ellos mujeres, niñas, niños y personas en situación de movilidad.
Centro mi atención a este último grupo porque, en los últimos años, México se ha convertido no solo en un país que expulsa a su población hacia otras naciones (principalmente Estados Unidos), sino un país de tránsito y destino. La población migrante es una de las principales víctimas de trata por la extrema vulnerabilidad en la que viajan, ocultándose no solo de los grupos criminales que los acechan en el camino, sino también de las autoridades.
En este sentido, uno de los obstáculos principales para combatir este delito es la falta de información sobre los avances realizados por el Estado mexicano, a través de reportes periódicos de todas las instituciones involucradas en la persecución y atención a víctimas.
El interés de la población en este tema es creciente. Si exploramos la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) encontraremos 1,354,664 coincidencias bajo la expresión “trata de personas”, de las que 1,211,780 corresponden a información pública, 142,127 a solicitudes de acceso a la información, y 7,578 a quejas, al 14 de julio de este año. Las primeras 33 solicitudes se formularon en 2003 y para 2022, la PNT registró 49,783.
Las coincidencias de información pública muestran que, en efecto, existen algunas cifras oficiales, pero que varían según sea la fuente consultada. Ello hace difícil, si no imposible, contar con una narrativa coherente que muestre, por un lado, las acciones emprendidas por las autoridades y, por otro, los resultados. Es decir, está pendiente un relato que nos diga con claridad si hemos avanzado o no en el combate a la trata.
Me parece que este Día Mundial contra la Trata de Personas es una oportunidad para que todas las autoridades involucradas en su combate, en los tres niveles de gobierno, reflexionen sobre la conveniencia de crear una plataforma donde podamos ver las distintas acciones emprendidas y su impacto. Estoy segura de que las hay, pero si son inconexas es prácticamente como si no existieran.
La información integrada representa una oportunidad para que las autoridades nos muestren que están haciendo su trabajo; una oportunidad más para que intenten recuperar la confianza de la ciudadanía.
@JulietDelrio
