Las sucesiones políticas que se realizarán en distintas entidades del país en el 2027 comienzan a generar un ambiente enrarecido. Aunque las campañas aún no inician formalmente, la confrontación, la polarización y la tensión política ya están presentes. Y eso debería preocuparnos.
La competencia democrática es legítima y necesaria. Lo que no resulta saludable es que el debate público se transforme en un espacio de descalificación permanente, donde las ideas quedan relegadas y son sustituidas por ataques personales, rumores o acusaciones sin sustento.
En los últimos meses hemos visto cómo las redes sociales han dejado de ser únicamente herramientas para informar o intercambiar opiniones. Con frecuencia se han convertido en escenarios donde se exhibe, señala y condena a personas sin pruebas suficientes ni procedimientos legales. Se acusa, se difunde y se juzga en cuestión de horas, muchas veces sin que intervengan las autoridades competentes. Al mismo tiempo, se presumen logros en boletines y discursos que pocas veces son sometidos al escrutinio público, sin que exista una verdadera verificación de lo que se afirma o de los resultados que se anuncian.
En un Estado de derecho las reglas deben ser claras. Las denuncias deben presentarse ante las instancias correspondientes; las fiscalías tienen la responsabilidad de investigar y los tribunales la de determinar responsabilidades. Cuando los juicios se trasladan a las redes sociales, se abre la puerta a la desinformación, al linchamiento mediático y a la injusticia. A ello se suma que muchas personas, por convicción, presión o conveniencia, terminan tomando partido sin contar con información objetiva, alimentando una confrontación innecesaria que poco aporta a la solución de los problemas.
La violencia genera más violencia. La polarización alimenta más polarización. Y cuando la falta de respeto se normaliza en el debate público, termina deteriorándose la convivencia social en todos sus niveles.
Lo más preocupante es que este fenómeno ya no se limita al ámbito político. Se refleja en los centros de trabajo, entre empresarios, trabajadores, profesionistas, estudiantes y ciudadanos. Se percibe en la vida cotidiana, donde cada vez resulta más difícil sostener un diálogo sin caer en la confrontación o en la descalificación.
Nuestro estado no es ajeno a esta realidad, como tampoco lo es el resto del país. En distintos puntos de México observamos cómo las disputas por el poder terminan trasladándose a la sociedad, generando divisiones que debilitan la convivencia comunitaria y erosionan la confianza entre las personas.
La democracia requiere competencia, pero también responsabilidad. Requiere debate, pero también respeto. Las diferencias de opinión no deben verse como una amenaza, sino como una expresión natural de una sociedad plural y diversa. Pensar diferente o no coincidir con una postura determinada no convierte a nadie en enemigo. De lo que se trata es de dialogar, escuchar y construir, sin imponer ideas, creencias o ideologías a quienes piensan distinto.
México enfrenta desafíos demasiado importantes como para permitir que la política se convierta en un factor permanente de división. La seguridad, el desarrollo económico, la generación de oportunidades y la cohesión social deberían estar por encima de cualquier interés particular o coyuntura electoral.
Por ello, vale la pena preguntarnos qué país queremos construir: uno donde la confrontación y la desinformación dominen la vida pública, donde las mentiras intenten normalizarse como verdades, o uno donde las ideas puedan debatirse con libertad, firmeza y respeto, sin romper el tejido social.
La política debe servir para construir acuerdos, no para fracturar comunidades. Porque al final de cada proceso electoral, más allá de quién gane o quién pierda, todos seguiremos compartiendo el mismo presente y la misma responsabilidad de construir un mejor futuro.
