Temas como la migración, la diversidad sexual o la inclusión social de personas con discapacidad, todos ellos necesitan ser analizados bajo los lentes de la solidaridad; necesitamos políticas públicas que reconozcan las historias particulares de las y los afectados y que procuren proteger y expandir los derechos humanos.
En 2005, Naciones Unidas decidió proclamar el 20 de diciembre de cada año como el Día Internacional de la Solidaridad Humana, con la intención de sensibilizar al mundo entero sobre la importancia de este valor en las relaciones internacionales y en el respeto a los derechos de los grupos vulnerables.
La solidaridad surge gracias a la capacidad de empatía por los sufrimientos y los problemas ajenos. No es un mero ejercicio reflexivo, por el contrario, es una llamada a la acción pues, como bien lo plantea el programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la pobreza, el hambre y las enfermedades sólo podrán ser disminuidas y erradicadas desde una base de cooperación mundial[1]. Sin voluntad política es imposible realizar cambios; se requiere tejer alianzas locales y globales con actores que tomen decisiones para superar problemas colectivos.
Pensar en solidaridad también es buscar generar esferas de cohesión social. Por ejemplo, en territorios en conflictos étnicos, religiosos o culturales (como entre Palestina e Israel, en la región de los Balcanes o en distintos países africanos), en fronteras donde la estigmatización y el rechazo son la normalidad (como en los bordes entre Estados Unidos y México, las dos Coreas, India y Pakistán), la solidaridad puede ser una herramienta para combatir dogmatismos ideológicos, clasismos, racismos, polarizaciones o incluso distintas formas de violencia.
También los servidores públicos necesitamos ser solidarios para así promover, desde nuestras trincheras, una cultura cívica y de paz entre la ciudadanía. Asimismo, las instituciones deben promover activamente la solidaridad como parte de sus programas y políticas públicas para buscar producir unidad y armonía con la población a la cual atienden.
El Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (PROSEDE), del INAI, el cual tengo el honor de coordinar desde los últimos dos años, responde a una lógica de solidaridad: a través de la vinculación con organizaciones de la sociedad civil (OSC), hemos desarrollado estrategias para que las personas –principalmente grupos en condición de vulnerabilidad– se apropien, ejerzan y expandan los derechos que tutela el Instituto.
Desde 2015 hasta ahora, son ya nueve ediciones del Programa PROSEDE, que equivalen a 642 proyectos postulados, de los que hemos logrado implementar, en alianza con las OSC, 114. Las organizaciones participantes promueven los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales entre la población migrante, los pueblos originarios, personas con discapacidad, estudiantes de zonas rurales, niñas y niños, adolescentes y mujeres. Precisamente, esto sería imposible si no se partiera de la solidaridad como base edificadora del proyecto.
Adherirse a causas comunes en pro de beneficios sociales no es exclusivo de autoridades ni deber de activistas; nos corresponde a todos impulsar la solidaridad si deseamos vivir en sociedades más igualitarias, justas y libres.
