Esta semana, inician las comparecencias del gabinete federal ante la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno y con ellas se abre una nueva oportunidad para hablar de rendición de cuentas. Pero también para preguntarnos qué tan lejos estamos de convertir estos ejercicios en verdaderos espacios de escrutinio público.
Las comparecencias deberían ser mucho más que un intercambio de discursos, acusaciones y posicionamientos partidistas. Son una oportunidad para que el Poder Legislativo cumpla una de sus tareas fundamentales: revisar, cuestionar y pedir cuentas sobre las decisiones y resultados del Poder Ejecutivo.
La pregunta que debería estar presente en cada sesión es sencilla: ¿qué información pública necesitamos conocer para saber si los compromisos asumidos por el Gobierno se están cumpliendo?
Rendir cuentas no consiste únicamente en presentar cifras favorables ni en enumerar programas, obras o acciones. Tampoco en que cada bancada aproveche el micrófono para repetir su posición política. Rendir cuentas implica someter los resultados al escrutinio, explicar las decisiones, reconocer pendientes y responder preguntas concretas con información verificable.
Si una dependencia reporta una reducción en determinado delito, por ejemplo, sería importante conocer la metodología utilizada, el periodo que se compara, la fuente de los datos y cómo se comporta el indicador. Si se habla de recursos ejercidos, necesitamos saber cuánto se presupuestó, cuánto se gastó y en qué se utilizó. Si se anuncia una política pública, corresponde conocer sus metas, indicadores y resultados.
Por eso, sería deseable que las y los legisladores llegaran a estas comparecencias con preguntas sustentadas en información pública, auditorías, indicadores oficiales, informes presupuestarios, evaluaciones de programas y solicitudes de acceso a la información. Y que las respuestas de los funcionarios pudieran contrastarse posteriormente con esos mismos documentos.
La transparencia tiene precisamente esa función; permitir que una afirmación pueda ser comprobada.
También será importante observar el formato de las comparecencias. La discusión sobre dónde y cómo deben desarrollarse no debería perder de vista lo esencial: el formato no puede estar por encima de la rendición de cuentas.
Cuando exista información que legalmente deba mantenerse bajo reserva, debe explicarse con claridad cuál es la causa jurídica que lo justifica. La confidencialidad tampoco debería convertirse en una salida automática frente a preguntas incómodas. La reserva debe tener fundamento, límites y una razón que pueda ser comprendida y, en su caso, revisada.
En un país donde durante años hemos hablado de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, no podemos conformarnos con que estos conceptos aparezcan en los discursos. Tienen que traducirse en prácticas concretas.
La ciudadanía no necesita otra competencia de quién habla más fuerte, quién aplaude más o quién consigue el titular del día. Necesita saber qué se hizo, cuánto costó, qué resultados produjo, qué no funcionó y qué se hará para corregirlo.
Y las comparecencias no deberían terminar cuando se apagan las cámaras. Una verdadera rendición de cuentas tendría que permitir dar seguimiento a los compromisos y respuestas ofrecidas. Si un funcionario anuncia que entregará información adicional, ésta debería poder consultarse posteriormente. Si reconoce un pendiente, debería existir una manera de verificar si fue atendido.
El Congreso tiene en estas sesiones una oportunidad para demostrar que el control parlamentario puede ser algo más que una confrontación política. Puede convertirse en un ejercicio de información pública útil para la sociedad.
Esto requiere responsabilidad de ambos lados: del Ejecutivo, para responder con datos, documentos y argumentos verificables; y del Legislativo, para preguntar con seriedad, revisar la evidencia y dar seguimiento a las respuestas, independientemente del partido político al que pertenezca quien comparece.
Al final, una comparecencia no debería medirse por el número de descalificaciones, aplausos o titulares que genere. Debería medirse por la cantidad y calidad de información que queda a disposición de la sociedad.
Ojalá esta nueva ronda de comparecencias sea un ejercicio de verdadera rendición de cuentas y no un concurso de posicionamientos políticos.
Porque cuando hablamos de recursos públicos, decisiones públicas y resultados públicos, la sociedad tiene derecho a algo muy sencillo: respuestas públicas, sustentadas en información y datos.
