CDMX.- El diputado federal Antonio Mejía Haro presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación de la Cámara de Diputados, a que se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación un fondo de 5 mil millones de pesos destinado a fortalecer la suficiencia presupuestaria de las universidades públicas que enfrentan crisis financieras, a fin de que cuenten con los recursos necesarios para cumplir sus compromisos y obligaciones de cierre de año.
La propuesta se sustenta en diversas consideraciones relacionadas con la situación que enfrenta la educación superior en México.
De acuerdo con cifras oficiales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2024), las universidades públicas atienden a 3.38 millones de estudiantes en el país, lo que representa el 62 por ciento de la matrícula total, mientras que las instituciones privadas atienden a 2.06 millones, equivalentes al 38 por ciento.
Por su parte, la cobertura de educación superior es del 43.8 por ciento (CONACES, 2024), lo que significa que, de cada 10 jóvenes en edad universitaria, únicamente cuatro tienen acceso a una institución de educación superior, pública o privada.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado como objetivo que ningún joven en edad universitaria deje de estudiar por razones de distancia o falta de recursos económicos. A ello responden iniciativas como la construcción de universidades para el Bienestar Benito Juárez García y de la Universidad Rosario Castellanos en regiones apartadas, así como el impulso a la gratuidad educativa y al otorgamiento de becas en todos los niveles.
Mejía Haro señaló que, para incrementar la cobertura de educación superior y mejorar la calidad de los programas académicos, es fundamental fortalecer las universidades públicas que ya cuentan con infraestructura, equipamiento, laboratorios, personal docente e investigadores, además de una importante demanda estudiantil que, debido a la falta de infraestructura y de profesores, no siempre pueden atender.
Cabe destacar que diversas universidades públicas atraviesan por situaciones presupuestales críticas. Uno de los casos es el de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), cuyo problema financiero se relaciona, entre otros factores, con una política presupuestaria que durante más de 15 años ha mantenido prácticamente sin crecimiento real los recursos ordinarios que reciben estas instituciones de los gobiernos federal y estatales, limitando los incrementos presupuestales al ajuste por inflación.
Otro factor que explica el déficit de algunas universidades, como la UAZ, es que el crecimiento de su matrícula y de su oferta académica de licenciatura y posgrado no ha sido acompañado de incrementos presupuestales proporcionales por parte de los gobiernos federal y estatal.
Como ejemplo, la matrícula estudiantil de la UAZ se ha triplicado en los últimos 15 años. De igual manera, su oferta educativa cuenta actualmente con tres veces más programas académicos de licenciatura y posgrado. Además, la institución ha ampliado su presencia mediante campus universitarios en distintas regiones y municipios del estado.
A este crecimiento se suma que el 100 por ciento de su matrícula de licenciatura se encuentra inscrita en programas de calidad certificada, además de registrar avances importantes en la acreditación de sus programas de posgrado. Asimismo, cuenta con una presencia significativa de investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y con perfil deseable PRODEP.
Este crecimiento en las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación ha hecho necesaria la contratación de nuevas plazas académicas para atender las carreras y los programas de posgrado de reciente creación.
Sin embargo, una parte importante del déficit presupuestal de la UAZ radica en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) no reconocen presupuestalmente las nuevas plazas académicas. Esta situación ha obligado a la institución a dejar de cubrir la totalidad de sus aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como una parte del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
De acuerdo con las cifras referidas en la propuesta, al mes de agosto de 2026 la deuda histórica de la universidad ascendía a 4 mil 672 millones de pesos con el ISSSTE y a 517 millones de pesos por concepto de ISR, incluyendo multas, recargos y accesorios.
Como parte de los esfuerzos para sanear sus compromisos financieros con el ISSSTE, la universidad incluso cedió algunos edificios a favor de dicho instituto. No obstante, mientras no se atienda el problema de fondo, particularmente el reconocimiento presupuestal de las nuevas plazas académicas debidamente justificadas y derivadas del crecimiento institucional, persistirá la insuficiencia de recursos.
De acuerdo con información proporcionada por el rector de la UAZ, el doctor Ángel Román, la institución enfrenta actualmente un déficit de 715 millones de pesos para cubrir sus compromisos de cierre de año 2026.
La situación ya ha comenzado a repercutir en el cumplimiento de las prestaciones contractuales, entre ellas, el pago de primas de antigüedad. Asimismo, de no contar con un respaldo extraordinario de los gobiernos federal y estatal, estaría en riesgo el pago de aguinaldos al personal docente y administrativo, escenario que podría derivar en paros laborales y huelgas.
Ante este panorama, la propuesta de crear un fondo extraordinario de 5 mil millones de pesos busca contribuir a la estabilidad financiera de las universidades públicas, garantizar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y fortalecer la educación superior como un derecho y un motor de desarrollo para el país.
