El 6 de abril de 1952 ocurrió un mitin histórico en el que miles de mujeres exigieron al entonces candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, cumplir su promesa de incluir en la Constitución el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, demanda que sería recogida en el artículo 34 constitucional el 17 de octubre de 1953. Por ello, esta efeméride, que conmemoramos mañana miércoles, es fundamental en la vida democrática y en la lucha de la igualdad en nuestro país.
El reconocimiento de este derecho fue tardío, pero esto ha sido reivindicado con avances significativos en la garantía de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Hoy el texto constitucional incluye la paridad de género transversal y, desde 2019 se han aprobado una serie de acciones afirmativas para facilitar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
Estas reformas legales y políticas públicas colocan a México a la vanguardia mundial rumbo a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pues permite que las mujeres se motiven y sientan seguras de apropiarse del espacio público para ejercer política en representación de la diversidad de otras mujeres y en defensa de sus derechos. Agradezco el trabajo de aquellas que nos precedieron en esta lucha y refrendo mi compromiso de impulsar el desarrollo y el reconocimiento de otras mujeres en la vida pública.
Sin embargo, los avances podrían estar en riesgo. Entre más mujeres participan en política, más sacuden el statu quo y se registran más casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Según datos del INE, actualmente las dos cámaras de legisladores federales y 17 congresos locales son paritarias, pero solo el 25% de los ayuntamientos están dirigidos por mujeres y es en este nivel donde se presenta el mayor número de casos de este tipo de violencia.
En 2020, precisamente en el mes de abril, entró en vigor una serie de reformas legales en la materia y el INE ya trabaja en políticas públicas para prevenir, detectar y sancionar todos los casos de violencia de género. Recientemente aprobó un “Protocolo para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo”, el cual busca fomentar la denuncia de estos casos y garantizar una atención integral y no revictimizante por parte de su personal.
El tema no es exclusivo de la autoridad electoral. El INE vela por los derechos políticos de las personas, pero hay otras materias que deben ser atendidas como la psicológica, la seguridad, la protección de datos personales de las víctimas, entre otros. Las condiciones estructurales que propician la violencia de género solo serán erradicadas si se atienden de forma integral. En el INAI lo sabemos y asumimos responsabilidad desde nuestro ámbito de competencia.
Las redes sociodigitales son el lugar donde se expresa el mayor número de manifestaciones de este tipo de violencia contra precandidatas y candidatas. El INAI pone a su disposición la “Guía orientadora: Protección de datos personales como herramienta para prevenir la violencia digital” que se enfoca en la violencia de género en contra de las mujeres y niñas que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación. El paso previo a la reducción de la violencia de género en medios digitales es la cultura de prevención y denuncia.
Si las mujeres y las niñas mexicanas conocen sus derechos, los harán valer tanto en el mundo analógico como en el digital y tienen incentivos para defenderlos en la arena política haciéndose activas en la consolidación de una democracia paritaria, incluyente, sustantiva y libre de violencia. ¿Qué más debe hacer el INAI para contribuir a ello? Dialoguemos.
