En nuestro país, desde hace décadas y, particularmente, desde la transición democrática vivida a inicios del presente milenio, el financiamiento, el gasto y la fiscalización de los partidos políticos ha sido uno de los principales temas de interés para la ciudadanía.
Esto se debe, en gran medida, a las elevadas cantidades de recursos públicos que reciben dichos partidos en cada ejercicio fiscal, mismas que año con año se incrementan bajo el argumento de que el fortalecimiento de la democracia depende de ello.
Esta situación ha despertado intensas inconformidades en la sociedad mexicana, pues hemos sido testigos de múltiples escándalos financieros en los que diversos partidos políticos se han visto involucrados, sin embargo, el bajo poder adquisitivo de la población en general, la desigualdad y la pobreza, entre otros factores, continúan presentes.
Actualmente, muchas comunidades en nuestro país viven en condiciones precarias, las cuales limitan los derechos de las personas y su acceso a servicios de calidad. Este contraste ha ocasionado que una gran parte de la población experimente desencanto hacia la clase política.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), hecha por el INEGI en 2021, la ciudadanía tiene un 27.9% de confianza en los partidos políticos, lo que los posiciona en el último lugar de los organismos considerados en dicha encuesta, incluso detrás de sindicatos o ministerios públicos.[1]
En octubre del presente año, el Instituto Nacional Electoral (INE), publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo respecto al financiamiento que recibirán los partidos políticos para el ejercicio 2023. En dicho documento se estableció la cantidad de seis mil doscientos treinta y tres millones quinientos diez mil setecientos noventa y ocho pesos (6,233,510,798). Dicho monto fue establecido por el órgano autónomo de conformidad con el artículo 41 de la Constitución, según los resultados obtenidos por los propios partidos en las elecciones ordinarias federales, así como por los votos recibidos por cada fuerza política.
Hace unos días, el Consejo General del INE informó qué aprobó una serie de multas para los partidos políticos 673 millones de pesos: 95% concentradas en partidos nacionales y con acreditación local, y 5% en partidos locales, esto derivado de diversas irregularidades correspondientes al ejercicio del año 2021 como: gastos no reportados, entrega de informes distintos a lo que el organismo electoral les fiscalizó, cheques girados o transferencias a terceros, exceso de aportaciones de simpatizantes, entre otros.
Es importante mencionar que, bajo este esquema, los partidos no solo estarían cometiendo faltas ante el órgano electoral, sino que, a su vez, estarían incumpliendo como sujetos obligados ante la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
De acuerdo con la Ley, los partidos políticos son sujetos obligados, esto es, forman parte de las instituciones y autoridades que deben permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obran en su poder y deben de cargar la información que les corresponde cada tres meses y atender solicitudes de información de la ciudadanía.
Estoy segura de que garantizar estos cumplimientos devolverá, de manera paulatina, la confianza y buena percepción que la ciudadanía ha perdido en estas instituciones a través del tiempo.
Pero incluso pueden ir más allá, porque nuestra democracia lo merece. Pasar de la reacción a la respuesta proactiva y responsable permitirá ir recuperando la confianza ciudadana de la sociedad mexicana.
Estas multas pueden sentar precedentes rumbo a un sistema de partidos más transparente que abone a nuestra democracia, a la fiscalización y correcta gestión de recursos públicos.
